La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) que se realiza en el Perú, sobre todo en la Amazonía, podría generar mayores ingresos para los/as minero/as si se realizara obedeciendo a una adecuada planificación que no ponga en riesgo la salud de los trabajadores y que genere otras actividades económicas, como turismo o sistemas agroforestales.

Por ello, es prioritario para el Estado la adopción de una salvaguarda que asegure una operación minera eficiente, responsable y segura de la MAPE en la Amazonía peruana, a través de la elaboración de un “Plan de minado” y un “Plan de seguridad y salud con responsabilidad ambiental y social”.

Esta es la salvaguarda n°. 2 que propone el proyecto Prevenir de USAID, luego de un riguroso estudio, y que se encuentra detallada en la Propuesta de salvaguardas para una MAPE ambiental y socialmente responsable en la Amazonía peruana.

La planificación del proceso minero permitirá recuperar más oro y tener mayor ingreso económico, evitando conflictos por superposición de derechos con otros usuarios del bosque y poniendo en valor otras actividades económicas, como turismo o sistemas agroforestales, evitando invasiones y sanciones por daños ambientales.

Salvaguarda 2: Asegurar una operación minera eficiente, responsable y segura

El Plan de minado incluye todas las actividades necesarias para la operación minera: límites de áreas exploración, preparación, explotación, beneficios y otras actividades relacionadas; así como la metodología y parámetros de trabajo, los equipos a utilizar, presupuestos, personal, medidas de seguridad y salud ocupacional, impactos en el entorno y medidas frente a posibles eventos adversos.

Este plan podría proteger y beneficiar con cadenas de valor económico a importantes áreas naturales protegidas, como la Reserva Comunal Amarakaeri, la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

El plan también debería estar articulado con tecnologías eficientes; además de un plan de seguridad y salud con responsabilidad ambiental y social; evitar conflictos por superposición de derechos con otros usuarios del bosque, a través del mapeo y organización de áreas donde se realiza la actividad; elaboración de requisitos laborales para el mercado de oro certificado; así como asistencia técnica a mineros para elaborar estudios necesarios para el plan de minado y seguridad.

Cabe precisar que la inversión para el plan de minado, así como para el plan de seguridad y salud, será recuperada con la reducción de costos operativos y el aumento de ingresos; además de contar con asistencia técnica para el diseño y para el estudio de la línea de base ambiental y evaluación sobre la ley; se tendrá acceso a un Fondo de cofinanciamiento; y se pondrá en valor actividades económicas complementarias, como turismo, sistema de agroforestales, etc.

Otras acciones que debe realizar el Estado

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) debe realizar los ajustes respectivos para que se considere la etapa de exploración como parte del proceso minero estipulado en el Catálogo de Medidas Ambientales, en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), para realizar actividades mineras en placeres auríferos.

También se deben realizar ajustes en la Ley General de Minería, que no señala cómo la MAPE debe aplicar el artículo sobre Bienestar y Seguridad (artículo 14), además de la ausencia de una regulación específica para el desarrollo de minería de oro en la Amazonía, y la Ley de Formalización y Promoción del sector (Ley n.º 27651) no menciona temas de seguridad en el trabajo para los/as mineros/as.

Asimismo, se debe incluir la información recopilada de los planes de minado y los estudios ambientales, a fin de aplicarla en el inventario de ecosistemas frágiles y sensibles para la zona de minería artesanal y de pequeña escala (corredor minero) u otros instrumentos de política y desarrollo regional.

Finalmente, el plan de minado y el plan de seguridad deben ser incorporados como hitos de gestión en el marco normativo de la MAPE en vías de formalización.