LIMA. Una gota más que sigue rebalsando el vaso. El pasado sábado 21 la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresó con tanquetas, bombas lacrimógenas y disparos de perdigones al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cabe recordar que ciudadanos de diferentes zonas del país vinieron a manifestarse en contra de la brutal represión por parte del Gobierno de Dina Boluarte y fueron alojados por los estudiantes en la comunidad universitaria, a lo que las autoridades rectorales se mantuvieron siempre hostiles.

En su intervención, la PNP redujo a las delegaciones estudiantiles que realizaban actividades de organización, ollas comunes y algunas actividades culturales en el campus universitario. Previamente, y a pesar de no estar cometiéndose ningún delito en flagrancia en ese local, se rompió violentamente la Puerta 3 de la UNMSM para que ingresaran los efectivos policiales.

Desde el comienzo, la intervención fue violenta, ya que cuando hay una sospecha de delito se investiga y busca a los imputados, medida que a todas luces no comprende el hecho de ingresar violentamente a un espacio estudiantil. Se detuvieron arbitrariamente a manifestantes que se encontraban dentro del campus en estado totalmente pacífico. Ellos fueron llevados a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), y a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Inmediatamente los y las alumnas, junto a quienes los detenidos pernoctaban en el campus, comenzaron a registrar y dar cuenta de los abusos cometidos por el personal policial: Entraron arbitrariamente a las habitaciones de residentes, utilizaron una fuerza desmedida, así como profirieron insultos y amenazas. Luego, procedieron a realizar las detenciones arbitrarias.

Con el paso de las horas, se supo que los detenidos no pudieron ingerir agua ni alimentos por horas. Entre ellos, había una mujer gestante, una niña de ocho años, además de ancianos de 80 años. Se ha denunciado que se humilló y violentó a mujeres: se les obligó a desnudarse y agacharse para buscar «droga» en sus partes íntimas. Así lo denunció Jennie Dador, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Especificó que esta entidad presentó un habeas corpus junto al Instituto de Defensa Legal y otras organizaciones de derechos humanos.

Otras crudas evidencias muestran la humillación a las que se sometió a las personas que se encontraban en San Marcos: se les vio tiradas en el suelo boca abajo y enmarrocadas. En otra foto se las ve hacinadas en el suelo, en una habitación sucia y sin ventilación. Esta clase de maltratos no van acordes al respeto por la dignidad humana ni a los adecuados procesos legales de una detención legítima.

Mientras tanto, se empezó a buscar apoyo legal. La organización civil realizó un raudo trabajo buscando abogados quechuas y aymaras por la arbitrariedad cometida al detener personas quechuahablantes y aymaras que no contaban con intérpretes. Se trata de una tara más de nuestro país que dificulta procesos legales que deberían darse con normalidad. Se solicitaban más de 30 abogados pero se denunció que, a la mayoría, la Policía nos les dejaba ingresar a la Dircote ni a la Dirincri.

En tanto, ayer por la tarde se anunció que se irían liberando los detenidos de cinco en cinco. Se liberaron a unas195 personas y muchos manifestantes denunciaron que se les liberó sin varias de sus pertenencias, en algunos casos ello comprendió los documentos de identidad, incluso ropa y dinero.

La Fiscalía de la Nación emitió un comunicado el día de ayer anunciando que había liberado a casi 200 personas que fueron detenidas en la ciudad universitaria. Especificó que tres personas están «vinculadas a la presunta comisión del delito de afiliación a una organización terrorista», pero los y las estudiantes hablan de una persecución arbitraria que, a luces de lo ocurrido, no sería sorprendente.

Como se ve, se busca revivir un miedo y una tara social que viene de décadas atrás, y ese recurso simplista de apelar al miedo para apaciguar las protestas por un sistema más justo debería detenerse de una vez por todas.

Mientras tanto, distintas organizaciones culturales, estudiantiles y de derechos humanos siguen realizando ollas comunes y organizando donaciones para los y las manifestantes que requieran el apoyo. La Universidad Nacional de Ingeniería sigue mostrando su apoyo directo con la San Marcos. La Universidad Agraria La Molina se solidarizó con los afectados por lo sucedido y lamentó el accionar violento de las movilizaciones pasadas.

Actualmente se están organizando vigilias y plantones fuera de la Dircote y Dirincri.