JUNÍN. Las oportunidades para las mujeres indígenas de ingresar a espacios donde se toman las decisiones, incluso como jefas o subjefas de comunidades o como parte de las juntas directivas comunales, han contribuido a una mayor visibilización de la violencia contra la mujer y a la disminución de esta problemática social. A nivel de la selva central, pese a las realidades únicas de cada pueblo originario, el liderazgo de las mujeres se ha fortalecido. Esto ha conllevado a que se genere más conciencia y se desarrollen acciones de prevención para evitar estos casos.
Para la líder Abelinda Maybe Sinacay Tomás, responsable técnica del Área Mujer de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI SC), la presencia de mujeres en puestos de liderazgo es uno de los factores clave en este cambio dentro de sus comunidades, un proceso que ha sido largo y difícil.
Trata de personas como la principal violencia contra las mujeres
Sinacay, de 40 años, pertenece a la comunidad nativa asháninka Impitato Cascada, ubicada en el distrito Pichanaqui, provincia Chanchamayo, región Junín. En su comunidad y en gran parte de la selva central, una de las violencias más comunes que afecta, principalmente, a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes es la trata de personas.
“Muchas niñas y adolescentes son engañadas y terminan atrapadas en redes de trata o con personas que las explotan. Les prometen estudios o empleos y así son sacadas de sus hogares. Sin embargo, la realidad es otra y las obligan a trabajar en algo que ellas no aceptaron. Anteriormente, la situación era más grave. Ha ido disminuyendo, justamente, gracias al liderazgo que van asumiendo las hermanas. Este problema aun persiste en lugares más lejanos, donde el acceso todavía es difícil, pero hemos estado incidiendo en capacitar a las familias para que no caigan en estas ofertas falsas”, explicó Sinacay a Inforegión.
Ausencia de intérpretes en las entidades públicas
Estos hechos suelen ser denunciados en las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (Demunas), “que cuenta con asesores en temas legales”. El problema es que otras entidades públicas, como la Policía Nacional y los Centros de Emergencia Mujer (CEM), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), muchas veces no cuentan con intérpretes, además de que, en varios casos, “tampoco prestan la atención que corresponde”.
“Lamentablemente, no tenemos intérpretes en todas las instituciones o personal que sea capaz de comprendernos dentro de las barreras de la propia lengua. Nuestra lengua materna es el asháninka, por ejemplo, pero por el hecho de saber decir algunas cosas o por responder un saludo en castellano, ya consideran que lo hablamos y nos piden que declaremos en castellano. Pero esto no es así”, cuestionó.
En ese sentido, agregó que “deberían considerar la importancia de tener un intérprete que pueda entender” lo que quieren decir y destacó que, en el caso de las Demunas, al menos, en la selva central, “la mayoría de municipios distritales y provinciales tienen gerencias y subgerencias de pueblos originarios, que suelen ser de la comunidad. Entonces, muchas veces se acude a ellos y ellas como intérpretes”.
ARPI SC es una de las nueve bases regionales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Está conformada por 12 bases locales a nivel de cinco regiones (Huánuco, Pasco y parte del Vraem que incluye a Ayacucho, Cusco y Junín) y representa a 456 comunidades de distintas etnias, como los pueblos Asháninka, Yanesha, Shipibo-Konibo, Matsigenka y Nomatsigenga. Desde hace unos años, ARPI SC forma parte del Programa Mujer, liderado por Teresita Antazú, de Aidesep.
